Trece personas enfrentan un proceso penal por presunta delincuencia organizada con fines de extorsión, secuestro extorsivo y asesinato. Un juez especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado dictó prisión preventiva para los investigados, quienes, según la Fiscalía, integrarían una estructura vinculada con el grupo delictivo Los Lobos.
Las detenciones ocurrieron la madrugada del 5 de noviembre de 2026, durante un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en cuatro provincias: Guayas, Pichincha, Azuay y Los Ríos.
La intervención incluyó 25 allanamientos y la participación de 20 agentes fiscales con sus respectivos equipos. Durante los procedimientos, las autoridades encontraron armas de fuego, municiones de distintos calibres, alimentadoras, teléfonos celulares y vehículos.
Alias La O, presunto líder de la estructura criminal
La investigación previa comenzó el 13 de febrero de 2026, a cargo de la Unidad Especializada de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (Unidot-G). El proceso surgió después de que la Unidad Nacional de Investigaciones Antidelincuenciales (UIAD) alertó sobre una organización con operaciones en varias provincias.
Según las indagaciones, alias La O habría liderado esta estructura. Sus integrantes presuntamente atacaban a miembros de otras organizaciones delictivas, comerciantes y ciudadanos que interferían en sus intereses económicos y de poder.
La Fiscalía sostiene que la organización coordinaba delitos contra la vida, extorsiones y secuestros extorsivos. Las diligencias permitieron identificar domicilios, presuntos integrantes y el modo de operación del grupo.
Investigación vincula a la organización con 16 muertes
Uno de los datos más graves del expediente corresponde a la presunta participación de los investigados en la muerte de 16 personas.
De acuerdo con la Fiscalía, después de cometer los crímenes, los integrantes grababan videos y los difundían en redes sociales. Uno de esos registros mostraría la decapitación de una víctima.
Las investigaciones también identificaron videos y audios con amenazas contra integrantes de otras agrupaciones delictivas. En esos mensajes, los sospechosos advertían sobre posibles ataques si sus exigencias de dinero y drogas no recibían respuesta.
Además, los archivos extraídos de teléfonos celulares incluirían imágenes de cortes y mutilaciones a víctimas de secuestro extorsivo.
Extorsiones y tráfico de drogas financiaban la estructura
Las interceptaciones telefónicas permitieron conocer conversaciones sobre extorsiones, amenazas y negociaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Los investigadores también identificaron presiones contra testigos que señalaban a los sospechosos dentro de procesos judiciales.
Otro elemento del expediente corresponde a movimientos bancarios inusuales. La Fiscalía detectó depósitos en las cuentas de algunos investigados que presuntamente procedían del cobro de extorsiones.
Según la investigación, los recursos de estas actividades ilícitas superaban los cinco millones de dólares y servían para financiar las operaciones de la organización.
Trece procesados reciben prisión preventiva
En la audiencia telemática de formulación de cargos, el fiscal de la Unidot-G expuso informes investigativos, partes de detención, indicios de los allanamientos, reportes de vigilancia y análisis técnicos de interceptaciones telefónicas.
El juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los trece procesados:
- Óscar I. C.
- Roger C. G.
- Luis V. V.
- Sahiro G. G.
- Santiago C. S.
- Yahier C. H.
- Luis L. V.
- Jefferson R. S.
- Antony V. S.
- Johanna O. A.
- Geoconda V. B.
- Néxar M. L.
- Gary C. O.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
Otro detenido en Quevedo recibe medidas cautelares
Durante los allanamientos, los agentes también aprehendieron a Hernán I. R., quien tenía un arma de fuego. La Fiscalía presentó su caso en una audiencia de flagrancia ante la Unidad Judicial Multicompetente de Quevedo.
El juez dictó medidas cautelares de presentación periódica ante el fiscal del caso y prohibición de salida del país. Esta causa tiene un trámite distinto al proceso contra los trece investigados.
El delito contempla penas de hasta 30 años
La Fiscalía formuló cargos con base en el primer inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la delincuencia organizada.
La norma establece penas privativas de libertad de 26 a 30 años para este delito. La responsabilidad penal de los trece procesados todavía deberá determinarse dentro del proceso judicial.
