Más allá de los nombres y apellidos, los cargos para los que fueron elegidos en las urnas por los votantes (quienes cayeron engañados en las campañas) y los tiempos electorales o no, resulta que en el país los que entran a la política pretenden volverse intocables, con la ayuda de aliados de mafias y de ciertos jueces, que contribuyen a la impunidad.
No es posible que se permita en la administración de justicia la dilatoria de los procesos, que se refleja en la casuística. Ejemplo, el caso Las Torres: casi cuatro años después de la sentencia condenatoria de primer nivel, a trece años y cuatro meses de cárcel, recién hace pocos días se sortea el tribunal para que tramite una simple apelación, lo que retarda el juicio a favor de los procesados, entre ellos un excontralor general, acusados de delincuencia organizada. Caso en el que los propios familiares le hundieron con sus confesiones luego de ser encontrados con cientos de miles de dólares y por ello fueron procesados y condenados en la justicia de los Estados Unidos de América.
Durante los últimos tiempos, una decena de alcaldes han sido investigados penalmente por presuntos graves delitos cometidos durante el ejercicio de funciones y otros desde mucho antes y varios de ellos están en la cárcel, luego de las evidencias que salen a la luz en las investigaciones y exhibidas ante los jueces respectivos, en el debido proceso, con derecho a la defensa y el principio de inocencia.
El principal argumento que repiten, los que están con prisión preventiva y otros que fugaron al exterior, es que se trata de persecución política, cuando lo que se persigue son los delitos que cometieron, y utilizan los micrófonos, con la ayuda de abogados expertos en esa narrativa, en lugar de concentrarse en los procesos judiciales para defenderse legalmente.
Igual sucede con una excandidata presidencial, también con prisión preventiva, que pertenece a un movimiento político, cuyos principales exponentes o están presos en la cárcel con sentencias ejecutoriadas o prófugos de la justicia en el exterior, desde donde proclaman persecución política, cuando tuvieron la oportunidad de presentar durante los juicios todas sus pruebas
de descargo y desvirtuar las acusaciones. En unos casos, aún están a tiempo de entregar en el desarrollo de las próximas audiencias.
Cuánto se ha dañado la práctica de la política que ya no se piensa en servir al país, a una ciudad o a una provincia, sino que tratan de enriquecerse rápidamente con la ayuda de familiares, amigos y asesores, acciones que poco a poco se ponen al descubierto.
El error que se evidencia es que no sea la Fiscalía la encargada de las investigaciones y de formular los cargos, la que lidere la información de los casos, luego de pasar la etapa de la reserva de las indagaciones, y que sea el gobierno el que posicione y promocione los casos.
A tal punto han llegado los niveles de corrupción que la Asamblea, en el ámbito político, haya aprobado un informe, que pasará a la Fiscalía para la investigación penal, de 95 autoridades seccionales, alcaldes y prefectos, con graves presunciones del incremento de sus patrimonios de manera injustificada, en unos casos con informes de responsabilidades de la Contraloría del Estado. (O)
