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Jorge G. Alvear Macías: El procurador: requisitos | Columnistas | Opinión



EL UNIVERSO contó esta semana que el presidente Noboa debe remitir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la terna para designar al nuevo procurador general del Estado. La trascendencia del cargo exige especial cuidado en la selección de los candidatos y en su nombramiento.

El procurador es el abogado del Estado. Le corresponden su representación judicial, la defensa de sus intereses, el asesoramiento jurídico y la intervención en controversias nacionales e internacionales. Una de sus funciones más importantes es absolver consultas sobre la inteligencia y aplicación de las leyes, mediante pronunciamientos vinculantes para la administración pública. Es un cargo que exige sólida formación y experiencia. El procurador debe observar la doctrina institucional y desarrollarla, orientando la aplicación de las normas y proporcionando soluciones jurídicamente sustentadas ante dificultades interpretativas y vacíos normativos, sin perjudicar injustificadamente a los particulares ni obstaculizar el ejercicio legítimo de las competencias públicas.

El artículo 236 de la Constitución dispone que el presidente de la República enviará al CPCCS una terna para designar al procurador general del Estado, que debe conformarse con criterios de especialidad y méritos. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos exigidos por el artículo 433 para ser miembros de la Corte Constitucional. Sin embargo, el CPCCS, mediante su reglamento de noviembre en curso, incorpora prohibiciones que merecen examen. Mientras la Constitución impide al candidato haber pertenecido durante los últimos diez años a la directiva de un partido o movimiento político, el reglamento extiende la restricción a la simple afiliación y a quienes hayan ejercido dignidades de elección popular en ese periodo.

¿Puede el CPCCS ampliar mediante reglamento las prohibiciones constitucionales? El artículo 226 dispone que las instituciones públicas ejerzan solamente las competencias atribuidas por la Constitución y la ley. Reglamentar un procedimiento no autoriza a crear nuevas condiciones de elegibilidad sin fundamento legal. El CPCCS debería revisar y corregir las disposiciones que excedan sus competencias, sin que la proximidad de los plazos justifique mantener restricciones contrarias al ordenamiento jurídico.

Entre los juristas cuya trayectoria podría considerarse figuran los doctores Miguel Hernández Terán, Santiago Velázquez Velázquez y Rafael Oyarte Martínez, de reconocida experiencia académica y profesional, así como de producción jurídica. Es una sugerencia, sin perjuicio de otros profesionales igualmente calificados y de las exigencias aplicables a la conformación de la terna.

La responsabilidad del presidente al proponer los candidatos y del CPCCS al designar al procurador es enorme. Los diez años de ejercicio profesional, judicial o docente que exige la Constitución parecen insuficientes para semejante responsabilidad. Una reforma constitucional debería elevar ese mínimo a veinte años. Mientras tanto, corresponde privilegiar la solvencia jurídica, la independencia de criterio y la probidad, sin inventar requisitos que la Constitución no contempla. (O)



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