Una ciudadana de nacionalidad rusa fue sentenciada a 24 meses de privación de la libertad tras ser declarada culpable por el delito de tráfico de vida silvestre, al ser sorprendida en posesión y transporte de 32 iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) en el archipiélago de Galápagos. La resolución judicial sanciona los hechos detectados el pasado 28 de agosto, cuando los equipos de control ambiental interceptaron a la implicada mientras intentaba trasladar a estos ejemplares endémicos fuera de su hábitat natural protegido.
Sanciones penales y económicas por tráfico de vida silvestre
La resolución judicial impuso a la ciudadana extranjera el cumplimiento de dos años de reclusión en un centro penitenciario, además de una sanción económica consistente en una multa de 3 210 dólares. De forma complementaria, el tribunal dispuso el pago obligatorio de 90 444,63 dólares por concepto de reparación integral a favor de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG).
Como medida de resarcimiento ambiental, la sentencia dictaminó que la persona procesada deberá presentar disculpas públicas a la comunidad y a la naturaleza.
Captura de 32 iguanas marinas endémicas
El procedimiento judicial se derivó de las pericias realizadas tras el decomiso ejecutado el 28 de agosto. En esa jornada, las autoridades confirmaron que la procesada mantenía en su poder 32 especímenes vivos de iguanas marinas de Galápagos hecho que se dio a conocer en una nota publicada en EL COMERCIO el 1 de septiembre de 2026.
Esta especie zoológica única en el planeta cuenta con una estricta protección en las islas para preservar la estabilidad de sus colonias marinas y costeras, impidiendo cualquier forma de manipulación, retención o traslado no autorizado.
Intervención técnica del Parque Nacional Galápagos
A lo largo del proceso investigativo y judicial, la Dirección del Parque Nacional Galápagos actuó como parte afectada en condición de víctima y acusadora particular. Los equipos técnicos y legales de la institución fundamentaron el perjuicio provocado a los ecosistemas del archipiélago, justificando las indemnizaciones económicas para mitigar los impactos sobre la fauna insular y garantizar la defensa irrestricta de los derechos de la naturaleza.
Normativa del Código Orgánico Integral Penal
La acusación penal y la condena se basaron en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa vigente en Ecuador que castiga los actos que vulneran la flora y fauna silvestres. La ley sanciona de manera explícita las siguientes actividades:
- La caza, captura, recolección o extracción de especies bajo régimen de protección.
- La tenencia sin autorización de especímenes nativos o en peligro.
- El transporte o movilización no autorizada de ejemplares de vida silvestre.
- La comercialización, importación o exportación de animales o plantas protegidas.
El marco normativo nacional aplica estas disposiciones con el propósito de erradicar el tráfico de vida silvestre en áreas de conservación protegidas.
