
Ejercer la ciudadanía no se reduce a poseer un estatus legal ni a acudir periódicamente a las urnas. Es una postura activa que exige corresponsabilidad frente a nuestra sociedad y a la naturaleza. Implica asumir el derecho y el deber de cuidar lo público, defender los derechos humanos e involucrarnos en la protección ambiental y en la construcción colectiva de la ciudad, del país y el planeta. Solo así dejamos de ser simples espectadores del desarrollo social y del cuidado de nuestro entorno para convertirnos en actores deliberantes.
Este protagonismo frena modelos que amenazan la sostenibilidad al priorizar únicamente el mercado y el rédito económico.
Esta noción vincula a la persona con su urbe, su entorno natural, su Estado y la comunidad internacional en tres dimensiones básicas: la jurídica, la política y la socioambiental. Ese lazo otorga derechos y obligaciones, además de la capacidad real de incidir en un futuro común atado a la salud de nuestros ecosistemas y al bienestar de las generaciones venideras.
En el plano jurídico, el individuo aparece como sujeto de derechos en su territorio y fuera de él, con acceso a la justicia, amparo legal e igualdad formal, pilares del Estado de derecho. La dimensión política, en cambio, abre la puerta para fiscalizar al poder público e intervenir en las decisiones que moldean nuestra convivencia y proyección. La esfera social y ambiental se expresa en el civismo cotidiano, ese que exige respetar las normas urbanas y culturales que protegen nuestro hábitat y colaborar solidariamente para elevar la calidad de vida de todos.
El espacio público nos pertenece por igual y debe responder a las demandas reales de la gente, no solo a los intereses de las élites políticas o económicas. Aunque en toda ciudad conviven intereses opuestos entre los propios vecinos, resulta vital activar herramientas legales, como la acción pública, las consultas o las veedurías, para defender lo común frente a la especulación sobre el suelo, el deterioro del paisaje o el descuido del agua. Participar de manera constante exige también condiciones materiales dignas, pues la precariedad suele arrebatar el tiempo necesario para involucrarse. Cuando las vías institucionales fallan, la organización ciudadana y la presión cívica cobran vida verdadera. Asumida como un deber protagónico, esta práctica nos hace corresponsables de cumplir las normas del bien común e impide que la democracia se reduzca a un mero trámite burocrático.
Hoy, frente a vientos autoritarios, el ejercicio ciudadano es el mecanismo vital de las sociedades que se cuidan a sí mismas. La justicia social es el escenario básico y la condición indispensable para cualquier participación real; sin condiciones dignas de vida, sobre todo para quienes menos tienen, el humanismo pierde sentido.
Esta acción resulta indispensable frente a poderes políticos que asumen que el derecho está al servicio de sus caprichos y agendas particulares. Esa visión inaceptable concibe el poder como la ocasión para imponer, por cualquier medio, su voluntad sobre la sociedad. (O)




