Los sistemas judiciales de Quito y San José contarán con un canal bilateral para reclamar y juzgar a personas requeridas por la ley penal, luego de que el pleno legislativo aprobara este martes 10 de noviembre de 2026 el tratado de extradición entre Ecuador y Costa Rica. El instrumento internacional obtuvo el respaldo de 88 votos afirmativos durante la sesión número 139, mientras que 52 legisladores pertenecientes a la bancada de la Revolución Ciudadana votaron en contra. La resolución del parlamento permite remitir el articulado al presidente Daniel Noboa para su posterior ratificación por la vía del Ejecutivo.
El texto aprobado consta de un preámbulo y 23 artículos estructurados para regular la entrega mutua de personas que se encuentren procesadas o que hayan recibido una sentencia condenatoria firme. Entre sus principales disposiciones normativas consta el principio de doble incriminación, que exige que los hechos atribuidos sean tipificados como delitos en las leyes de ambas naciones.
Asimismo, incorpora el principio de especialidad, el cual impide que el ciudadano entregado sea procesado por causas anteriores no informadas o trasladado hacia un tercer país sin la debida autorización del Estado que concedió la entrega.
Detención provisional de 60 días para evitar evasiones
El acuerdo bilateral faculta a las autoridades de justicia a requerir el arresto preventivo del sospechoso por un periodo de hasta 60 días mientras se formaliza el expediente legal de reclamo. Para que proceda la solicitud oficial de extradición, los juzgados deberán adjuntar requisitos documentales específicos:
- Copia certificada de la orden judicial de privación de libertad o prisión preventiva.
- La sentencia formal emitida por el juez competente de la causa penal.
- Documentación pericial para facilitar la entrega recíproca de bienes o indicios vinculados a las actividades delictivas.
Garantías al debido proceso y causales de rechazo
El articulado establece salvaguardas directas para asegurar la tutela judicial y el ejercicio de la defensa. En este ámbito, la normativa prohíbe de forma expresa conceder la extradición en casos donde se compruebe persecución política o cuando no existan garantías reales de respeto a los derechos humanos del reclamado.
Durante el debate legislativo intervinieron los asambleístas Lucía Jaramillo, Edwin Jarrín, Keevin Gallardo y Nohemí Cabrera, quienes puntualizaron la utilidad del mecanismo para procesar infracciones graves como narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Notificación diplomática y plazos de entrada en vigor
El instrumento internacional fue suscrito el 8 de noviembre de 2021 en San José. Previo al trámite en el pleno, la Corte Constitucional emitió el dictamen No. 4-26-TI/26 del 30 de julio de 2026 y una resolución posterior el 17 de septiembre, declarando su constitucionalidad y ratificando la necesidad de aprobación legislativa.
Costa Rica comunicó el cumplimiento de sus formalidades internas en agosto de 2023. De acuerdo con el artículo 23, la vigencia formal del tratado de extradición entre Ecuador y Costa Rica iniciará transcurridos 30 días contados desde la notificación oficial entre las cancillerías de ambos países.
