Con el objetivo de brindar apoyo jurídico integral, así como buscar la reparación del daño a las personas en situación de víctimas, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJE) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la federación (CEAV), por instrucciones del Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, firmaron el primer convenio de colaboración en el país para atender a la población.

En su intervención, Rubén Vasconcelos Méndez, director general de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, reconoció el interés del procurador Federico Garza Herrera para celebrar este acuerdo, con lo que se garantiza que las reformas impulsadas los últimos años en México tengan realmente como finalidad lograr una justicia para las víctimas.

Refirió que éste es el primer convenio que se realiza en el marco del Sistema Penal Acusatorio y de la reforma a la Ley de Víctimas publicada el 4 de enero pasado, donde el propósito es unificar esfuerzos para que ambas instituciones y ambos sujetos procesales, cumplan el objetivo común de atender a quienes sufren por un delito.

Manifestó que los convenios con las fiscalías generales de justicia son de una enorme relevancia para ellos, porque una parte de su función está dirigida a garantizar a las víctimas del delito su derecho de acceder a la justicia, lo cual se logra al realizar las investigaciones de los asuntos donde están involucradas; al darles a conocer la verdad de los hechos ocurridos y, al tener derecho a diversas medidas de apoyo, de asistencia y a la reparación del daño.

Por su parte, el procurador General de Justicia, Federico Garza Herrera, dijo que la firma de este convenio, sienta las bases para la atención jurídica integral de las personas en situación de víctimas, desde su presentación en la Unidad de Atención Temprana y con respeto a sus derechos humanos, con presencia, acompañamiento, guía y asesoramiento de la comisión.

Consideró de suma importancia la celebración de este convenio porque su naturaleza conlleva a la capacitación, a la difusión de acciones conjuntas, a la divulgación del marco jurídico integral para que las víctimas conozcan sus derechos, al análisis para la adecuación de la legislación federal y la estatal vigentes, a la promoción de foros, conferencias, seminarios y coloquios en materia de derechos humanos y del sistema penal acusatorio.