
Organizaciones clasistas latinoamericanas se encuentran alarmadas y en actitud de solidaridad, al conocerse el despido de su trabajo de la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, con antecedentes de 20 años de servicio técnico en el INTA, organismo estatal similar al Iniap ecuatoriano, motivado por la publicación de resultados de sus investigaciones que determinaron residuos inaceptables de glifosato, herbicida sistémico no selectivo, uno de los más conocidos y utilizados en la agricultura continental, encontrados en la sangre de trabajadores que manipularon y consumieron en su dieta diaria frutos y vegetales tratados con ese agroquímico. En contraposición, se anunciaron trabajos sin divulgación que, según los distribuidores, es inocuo a las personas, animales, plantas y al entorno ambiental. El glifosato adquirió notoriedad cuando fue vetado en las fumigaciones para eliminar sembríos de coca en Colombia, de gran eficacia a ese objetivo, pero ocasionando daños a otras plantas y animales por su fácil acarreo por el viento. Sin embargo, con el advenimiento del régimen recién instalado en ese país, la prohibición ha sido levantada.
Siguiendo estrictos protocolos, usuales en los proyectos de transición sostenible de protección vegetal financiados por la Unión Europea, se encontraron rezagos de plaguicidas y sus mezclas, en el ambiente, en los seres humanos y plantas, tema de interés para las agroexportaciones ecuatorianas hacia Europa, cada vez más verificado antes de su mercadeo en la Comunidad. Uno de los hallazgos de Aparicio fue la presencia del referido mata malezas en la orina del 84 % de voluntarios que ofrecieron su concurso al estudio, mientras que en el total de ellos se evidenció de 2 a 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina y hasta 18 agroquímicos en las heces; además, todos registraron en sus pulseras de medición de contaminación del aire al herbicida atrazina y el 97,3% marcó residuos de matolacloro, químico también desmalezador, guarismos similares a los observados en ensayos europeos.
Debemos insistir que la Unión Europea es fuente de financiamiento para proyectos de investigación bien sustentados, requeridos por el país, siendo lo más cercano para obtener recursos a ese fin. La Unión Europea tiene además un compromiso moral con Ecuador, esto es, devolver parte de los aranceles equivalentes a varios millones de dólares facturados a los importadores por el ingreso de fruta ecuatoriana a ese mercado, debiendo las organizaciones privadas sin fines de lucro, los gremios agrícolas y la academia solicitar recursos para emprender en proyectos válidos para la proyección agropecuaria. Es también un llamado a las asociaciones clasistas de agrónomos a solidarizarse con la colega acosada por poderosas empresas, solo porque sus estudios no les favorecen y desnudan un problema que aqueja a toda la América Latina agropecuaria y su pureza ambiental. En nuestro medio existen profesionales con posgrados en el exterior aptos para preparar proyectos de esa índole, sabiendo que Ecuador es un país de alto uso de pesticidas, sin que se haya cuantificado su afectación a los seres vivos y al ambiente. (O)




