Es un tema de alta prioridad: humanamente es un momento trascendental de la vida y la importancia de ese ahorro en la economía. Pero el país no toma una ruta seria de reforma. El Gobierno no la toca porque es políticamente delicado, lo cual no es una justificación, solo una excusa. ¿Qué se ha hecho? Reformar la estructura del directorio del IESS: secundario. Que el Biess pueda endeudarse: peligroso. Que se vendan activos antes de cualquier reforma: malo; debería ser al revés.
Pero al menos una buena noticia: hay propuestas para discutir. Hace tres años, una comisión dirigida por Augusto de la Torre (tuve el honor de participar) hizo una propuesta concreta (la llamaré A). Ahora los llamados grupos sociales han planteado una reforma legal (B), y hay otras más en diversos momentos. Me centraré en A y B. Pero primero clarifiquemos el problema. 1) Tenemos un sistema de reparto donde los aportes (11 % y algo más de los salarios, muy bajo comparado al mundo) van a una caja común y se reparten a medida que hay jubilados… 2) El sistema es viable si se mantiene, proyectada al futuro, una relación equilibrada entre lo que aportan los activos y reciben los jubilados, pero aquí no sucede: hay un desequilibrio anual creciente de 4.000 millones y proyectado superior a 100.000 millones. ¡Enorme!… 3) La demografía juega en contra porque antes la jubilación duraba 10 años; ahora, 20, “el dinero debe durar el doble”, y la relación entre aportantes activos y jubilados se deteriora cada vez más… 4) Mala administración y corrupción… 5) Pero además el problema es por el propio diseño: recibimos demasiado al jubilarnos con relación a lo aportado (ojo, no es que los montos sean elevados, pero sí “con relación a…”), hay una gran inequidad entre la parte baja y alta de los montos de pensiones, el Estado (nosotros) aporta el equivalente al 40 % de las pensiones, pero esto solo va a los afiliados del IESS y ¿cómo apoyamos a los jubilados pobres que no han tenido acceso al IESS y están peor?
La propuesta A intenta enfrentar estos problemas manteniendo algo importante: para los jubilados su contrato ya establecido y para los que están en camino mantenerlo proporcionalmente a los años que han aportado. Aspectos concretos: cambiar la forma de calcular la jubilación, ser más equitativos en particular en la repartición del 40 % estatal, limitar ese aporte hasta un cierto porcentaje del PIB, complementar con un fondo de ahorro individual (“contar con unos ahorritos”), modificar en ciertos rangos las condiciones para jubilarse.
La propuesta B mantiene intacto el sistema y plantea la necesidad de que el 40 % estatal se cumpla a rajatabla y, como no es suficiente, agrega nuevos impuestos: sobre empresas grandes, personas de más ingresos, vehículos de más valor y otros. Muy complicado, porque el 40 % puede llegar a absorber casi todo el IVA y renta, e incluso así no es suficiente, y los impuestos adicionales también alcanzarían montos no despreciables. ¿Es lógico destinar tantos recursos solo al IESS-pensiones, habiendo tantas otras necesidades en el país?
Pero lo esencial es encontrar la manera (poco ecuatoriana) de discutir a fondo estas y otras opciones… ¡y tomar decisiones no demagógicas! (O)
