El 29 de noviembre acudiremos a las urnas para elegir a prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales; y siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para el periodo 2027-2031, debiendo todos asumir los cargos el 14 de mayo de 2027.
Preocupan mucho los resultados finales de esta votación porque está en juego el destino de los cantones y sus respectivas provincias. Sería deseable que todos los candidatos estén bien preparados y tengan un plan de acción apropiado, con la responsabilidad que se requiere, sin obedecer a sus propios intereses o a los de sus respectivos partidos o movimientos políticos, más aún cuando los efectos de El Niño son cada vez más alarmantes.
Para poder medir un poco los proyectos y capacidades de los candidatos a prefectos, viceprefectos y alcaldes, el Comité Nacional de Debates ha diseñado 4 ejes sobre los cuales deberán pronunciarse: desarrollo territorial, servicios públicos y riesgos, seguridad ciudadana y convivencia; integridad y buen uso de los recursos públicos; y desarrollo económico local y oportunidades. Son 180 preguntas que deberán responder y esperamos que las respuestas no provengan de ChatGPT u otro asistente de IA, sino de la intención real del proponente de mejorar y de desarrollar su correspondiente cantón o provincia, explicando cómo los va a ejecutar.
Debemos asegurarnos también sobre la idoneidad moral de los proponentes, debido a que en este año se ha procesado a siete alcaldes y una prefecta en funciones, acusados de haber cometido delitos relacionados con la administración pública o con actividades financieras ilícitas. Además, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó un informe por el cual se establecen ciertas alertas sobre los patrimonios de 95 alcaldes y prefectos por variaciones patrimoniales inusuales o injustificadas.
Por otra parte, el 29 de octubre pasado, el presidente Noboa anunció el envío de información a la Contraloría “sobre presuntas irregularidades en más de 300 contratos públicos por más de $ 10,5 millones gestionados durante la última década en municipios pequeños de Pichincha”. Es inadmisible que mientras los pueblos se debaten en la miseria, por falta de recursos, estos vayan a los bolsillos de funcionarios inescrupulosos.
Lo más grave es que parecería que algunos habrían sido captados por organizaciones criminales que habrían financiado sus campañas, debiendo pagar luego los favores recibidos.
Por ello, es indispensable que estudiemos cuidadosamente el perfil del candidato de nuestra predilección, que no lo escojamos porque es bien parecido, viste elegante, se expresa de manera convincente o porque obsequia cualquier objeto servible o inservible, o repartió besos y abrazos en la campaña. Una vez en el poder, si tienen malas intenciones, no se acordarán de sus votantes, pero estos, con su voto, se habrán causado un gran daño a sí mismos y a los demás.
Respecto de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es también muy importante analizar sus perfiles, ya que ellos elegirán a las máximas autoridades de organismos de control. (O)
