La crisis de seguridad en Haití enfrenta un nuevo escenario con el despliegue de más de 2 000 militares de El Salvador, enviados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para intervenir en territorios donde operan organizaciones criminales.
La presencia de tropas salvadoreñas busca contribuir a la recuperación del control territorial en un país afectado por la violencia de las pandillas y el debilitamiento de sus instituciones.
La intervención militar en Haití comenzó con el objetivo de localizar y rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre de 2026, en las proximidades de Puerto Príncipe.
Sin embargo, las operaciones también se desarrollan en sectores donde los grupos armados mantienen una importante presencia.
La capital haitiana concentra parte de los problemas de inseguridad. Las pandillas ejercen influencia sobre barrios y corredores estratégicos, restringen la circulación de personas y mercancías y dificultan el funcionamiento de servicios esenciales.
Esta situación ha provocado desplazamientos de familias, interrupciones educativas y limitaciones para las actividades económicas.
Operación militar en Cul-de-Sac contra grupos criminales
El 2 de noviembre, las tropas salvadoreñas iniciaron una operación militar en la llanura de Cul-de-Sac, ubicada al noreste de Puerto Príncipe. La intervención se concentró en territorios donde operan las organizaciones criminales Chen Mechan y 400 Mawozo.
Ambas estructuras fueron señaladas por su presunta participación en la desaparición de los cuatro integrantes del contingente salvadoreño. El operativo busca localizar a los desaparecidos y actuar frente a la presencia de grupos armados en esta zona de Haití.
La recuperación de los territorios controlados por pandillas constituye uno de los principales desafíos para las autoridades haitianas. La violencia ha limitado el acceso de miles de ciudadanos a sus viviendas, escuelas, empleos y servicios básicos, mientras las instituciones estatales enfrentan dificultades para mantener una presencia permanente en las comunidades.
La estrategia de seguridad de Nayib Bukele llega a Haití
La participación de El Salvador en Haití ha despertado expectativas por la experiencia del Gobierno de Nayib Bukele en el combate contra las pandillas. Durante los últimos años, las autoridades salvadoreñas han aplicado una estrategia que combina despliegues policiales y militares, persecución de organizaciones criminales y un régimen de excepción que permitió detenciones masivas.
El Gobierno salvadoreño atribuye a estas medidas una reducción significativa de los homicidios y del control territorial de las pandillas. Sin embargo, la política de seguridad también ha recibido cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las detenciones y las garantías judiciales durante el régimen de excepción.
La aplicación de esta experiencia en Haití plantea desafíos diferentes. Las organizaciones criminales haitianas disponen de armamento, mantienen presencia en sectores urbanos densamente poblados y operan en un contexto de fragilidad institucional.
Por ello, los especialistas advierten que los resultados de las operaciones militares dependerán también de la capacidad del Estado para recuperar sus instituciones y garantizar servicios públicos.
Haití busca recuperar la autoridad del Estado
El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha destacado la cooperación con El Salvador como parte de los esfuerzos para restablecer la seguridad. El funcionario sostuvo que la presencia de fuerzas extranjeras debe fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales, sin sustituir sus responsabilidades.
La intervención internacional también enfrenta interrogantes sobre la coordinación de las operaciones. Naciones Unidas ha señalado que gran parte de las tropas salvadoreñas actúa fuera de la estructura de la fuerza multinacional respaldada por el organismo, por lo que existen cuestionamientos sobre el mando y las reglas de actuación.
Mientras continúan las operaciones contra las pandillas, las autoridades haitianas enfrentan el reto de recuperar espacios públicos, garantizar la circulación de personas y restablecer condiciones para el funcionamiento de escuelas, comercios y servicios esenciales.
